El polígono industrial de Pino, en compás de espera

Los problemas que motivan la reclamación de un “polígono industrial digno ya” no han encontrado hasta el momento solución. Los contactos entre los empresarios y las instituciones públicas, en especial el Ayuntamiento, son frecuentes. La cuestión fundamental radica en quién debe hacerse cargo de los costes de la urbanización de la última fase del polígono. Mientras que los propietarios de las naves reclaman la financiación de las obras a cargo de las administraciones públicas (Junta, Diputación y Ayuntamiento), éstas explican que la Ley del Suelo determina que dichos costes deben prorratearse entre propietarios.

Una de las fórmulas de negociación abiertas consiste en que cada uno de los empresarios afectados aporte un aval con la cantidad que le corresponda en función del presupuesto de la urbanización. De ese modo y con esa garantía las administraciones podrían encargar las obras que se reclaman: redes de agua y saneamiento, electricidad y pavimentación. Sin embargo, el acuerdo parece aún lejano.

En una información anterior somosHurdes, basándose en testimonios de personas a las que consideró solventes por su implicación en el caso, afirmó que “las instalaciones actuales ocupan terrenos no aptos para el uso industrial, lo que obliga a regularizar la situación antes de ninguna otra actuación”. Dicha información era incorrecta, puesto que ese problema quedó resuelto tras la descatalogación del terreno como monte de utilidad pública promovida promovida por el Ayuntamiento de Pinofranqueado en 2001 y la recalificación definitiva del suelo por parte de la Junta y a petición de la corporación en 2014.

El problema actual se deriva, por tanto, de la oferta de las 35 parcelas ofertadas públicamente tras ese acuerdo. A la convocatoria concurrieron los empresarios interesados al precio establecido, que no incluía los costes de urbanización. Y ahí se encuentra el caso.

EL polígono industrial de Pinofranqueado tiene su origen en el año 1995. Desde esa fecha hasta 2003 el Ayuntamiento vendió parcelas de diferente extensión en función de las demandas de los distintos interesados sin la existencia de una normativa rigurosa que regulara el proceso. El problema se resolvió después de su entrada en funcionamiento con la descatalogación de los terrenos, hasta entonces de utilidad pública, gracias a la iniciativa de la corporación municipal. En 2014 la situación administrativa quedó definitivamente regularizada con la recalificación de dichos terrenos, lo que facilitó la ampliación del polígono.

Sin embargo, tras las parcelas de esa segunda fase, surgió el actual problema: la imputación de los costes de la urbanización del polígono. Esa cuestión motivó que un numeroso grupo de propietarios de dichas naves expresara públicamente al presidente de la Junta de Extremadura la exigencia de un Polígono Digno Ya con motivo de la inauguración de la reciente Feria de la Apicultura y el Turismo. En sus proclamas y en las palabras que intercambiaron con el presidente Fernández Vara los empresarios recalcaron la falta de dotaciones básicas del actual polígono, lo que impide el correcto funcionamiento de sus instalaciones. Pero la ley señala que los costes de esas a actuaciones deben imputarse a los propietarios de las parcelas. Y ahí está, por el momento, el problema.